[Opinión] Otra letra chica de la gratuidad en la Educación Superior
A fines del año pasado, veíamos cómo la gratuidad se aprobaba en el congreso después de un intenso debate a través del presupuesto y no por una reforma, con varios aspectos poco conocidos, después de muchas concesiones a los sectores conservadores, se desvanecían cada vez más los sueños de muchas familias de poder acceder a la educación superior. Además, se admitía en el marco de la gratuidad una serie de universidades privadas, dejando fuera dos universidades estatales. Por suerte esto último no prosperó. Aun así el sistema escondía un gran daño al sistema público de educación superior.
La eliminación de las Becas de Mantención (BMES) para los no renovantes o la reducción abrupta del presupuesto con el que contaba el Fondo Solidario del Crédito Universitario (FSCU) ponen en las cuerdas a las universidades, que deberán realizar malabares para intentar mantener a sus estudiantes vulnerables, sin considerar la presión que tienen para intentar lograr que egresen en la duración nominal de sus carreras.
Costos básicos de mantención, traslado, emergencias, fotocopias -sin considerar los costos de residencia para estudiantes de regiones distintas a donde se encuentra su universidad, o los costos de enfrentar situaciones de hacinamiento u otros problemas familiares de esta índole- son temas críticos que se veían un poco aminorados dados estos beneficios.
Ante la ausencia de ellos las universidades tienen dos grandes posibilidades, rendirse y perder estudiantes vulnerables en el transcurso de la carrera por no poder mantenerse económicamente, o por otro lado, hacerse cargo de este grupo de estudiantes invirtiendo y reordenando recursos con un énfasis enardecido en este tema. Dicho de otra forma, tal parece que todos los caminos conducen a la destrucción de la educación pública; el primer camino corresponde una elitización (aún más) de la matrícula, al excluir a los sectores vulnerables y el segundo, donde las IES verán afectada su calidad y misión con el país al verse obligadas a recortar fondos de investigación, extensión y docencia para asegurar la permanencia de los estudiantes.
Si al panorama anterior le sumamos la situación precarizada en la que se encuentran la mayoría de universidades estatales en la infraestructura y mantención, las complicaciones extremadamente burocráticas en gestión y que el monto sustancial que perciben las instituciones por cada estudiante no ha sufrido aumento alguno, es dificil siquiera pensar en un panorama positivo para el sistema público de educación superior.
Y lo peor es que esta fórmula ya la hemos visto, cuando se prefieren sistemas de «particulares subvencionados» todos ya sabemos los terribles efectos en segregación socioeconómica y el desmantelamiento de la educación pública que trae consigo.
Esto muestra que la reforma impuesta no se acerca en lo más mínimo a una reforma estructural, ni mucho menos a un régimen de transición a un sistema eminentemente público como se mencionó varias veces por la prensa, más bien se ven señales muy fuertes de un estado subsidiario de beneficios a la población a costa de sus instituciones autónomas.
Esperamos que de aquí en adelante esta lógica no continúe en el proceso de reforma de educación superior, pero muy bien sabemos los estudiantes que si no nos hacemos notar es probable que el proceso se cierre de nuevo con un apretón de manos sin ningún cambio estructural.
